DUROS CUESTIONAMIENTOS AL NUEVO CONTRATO DE MULTAS FOTOGRÁFICAS

El organismo de control detectó serias irregularidades en el Sistema de Verificación Fotográfica de Infracciones de Tránsito y denunció no haber sido convocado a la renegociación pese a corresponderle por Ley.
El Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos -presidido por José Luis Di Lorenzo- advirtió que a pesar de que le corresponde por la Ley Nº 210 la participación en la renegociación del contrato de concesión del Sistema de Verificación Fotográfica de Infracciones de Tránsito -función reconocida por la propia Secretaría de Tránsito y Transporte- y habiendo detectado serias irregularidades en el sistema, el organismo regulador porteño no fue convocado para discutir el nuevo acuerdo que entró en vigencia el lunes 24 de febrero.
"Al establecer en la cláusula décima del acta-acuerdo que la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, juntamente con la Dirección General de Administración de Infracciones, controlará el desempeño de las actividades del Contratista, el Gobierno de la Ciudad y los concesionarios desoyeron lo legalmente establecido. Ibarra sigue con su política de impedir los controles", afirmó Di Lorenzo.
El Ente ha detectado que en reiteradas oportunidades los vehículos afectados al servicio de captación fotográfica de infracciones se encuentran estacionados sobre veredas o fuera de las dársenas construidas para tal fin. Más aún, no emplean las balizas que según las Órdenes de Trabajo de fecha 4 de junio de 2001 (para ambas concesionarias) deberían utilizar. Otro error detectado respecto del sistema comúnmente denominado de "multas fotográficas" es el de superposición de rodados en una misma acta. También se ha comprobado que ciertas áreas de la ciudad no cuentan con el debido señalamiento vertical y horizontal y en otros casos se ha podido establecer que hay cordones amarillos (indican prohibición de estacionar según el artículo 26 del Anexo L del Decreto 779/95) erróneamente pintados por particulares sin el correspondiente respaldo legal.
Otra irregularidad es que el plazo de vigencia de la concesión tenía una validez de cinco años, contados a partir de las 48 horas de suscripto el contrato original, es decir el 4 de septiembre del 2004, mientras que luego de lo establecido en la nueva acta-acuerdo el plazo vencerá el 1º de mayo de 2006, lo que resulta una prórroga de casi 20 meses. Por lo expuesto, es inexacto lo manifestado por la directora General de Seguridad Vial, Leticia Piris, quien explicó que la prórroga fue por cinco meses.
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