Exposición Diaria al Peligro
La Defensoría adjunta a cargo de Antonio E. Brailovsky sigue de cerca las circunstancias y contenidos de la reglamentación de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Eliminación de PCB Nº 25.670. Un reglamento inadecuado prolongará el riesgo para los vecinos que conviven a diario con esta sustancia de alto riesgo para la salud.
El PCB (bifelino policlorado) es una de las sustancias tóxicas más peligrosas que se conocen. Se utiliza, con grandes niveles de concentración, como refrigerante en transformadores eléctricos y, con menor pureza, se puede encontrar en electrodomésticos antiguos. Cáncer, esterilidad, bebés prematuros con problemas de desarrollo físico y psíquico, fallas respiratorias, daños al hígado y la piel son algunas de las consecuencias que puede provocar la exposición crónica -aún en cantidades bajas-, el contacto a través de la piel, la inhalación de vapores o la ingestión de alimentos que contengan residuos del compuesto. El defensor adjunto Brailovsky siempre alertó sobre la peligrosidad de este elemento y en la actualidad realiza las recomendaciones necesarias para que la reglamentación de esta ley referida al retiro y disposición final del PCB no se quede en meros aspectos formales, sea en verdad operativa y resguarde la salud de la población.
La experiencia de los últimos años para la eliminación del PCB en la Ciudad de Buenos Aires refleja que una reglamentación incompleta puede generar nuevos problemas en vez de solucionarlos, como el traslado de la contaminación de un lugar a otro. Brailovsky recomendó a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación el almacenamiento de los PCBs fuera de las áreas urbanas y en condiciones de máxima seguridad, algo que no ocurre en la ciudad de Buenos Aires.
En abril de este año más de una veintena de asociaciones civiles solicitaron al gobierno porteño que se modifique la imposición del año 2005 como plazo máximo para la eliminación del compuesto en estado puro (500 partes o más por millón). Los reclamos de los vecinos de Agronomía fueron porque la empresa Edenor almacenó 74 transformadores con PCB en uno de sus centros de abastecimiento ubicado en Beiró y Nazca, lindero a un barrio residencial de mediana densidad poblacional y frente al Instituto Nacional de Oncología Angel Roffo. Si estos transformadores ubicados transitoriamente en Agronomía se incendian o explotan, el PCB se transformará en dioxina, una sustancia cinco millones de veces mas tóxica que el cianuro. Para Brailovsky esta espera tendría que transcurrir fuera de las áreas pobladas; más allá de las medidas de seguridad, las consecuencias n caso de un accidente dentro de esta planta de almacenamiento rozan con la catástrofe. Edesur mantiene la misma política ambiental y posee un depósito a dos cuadras del complejo habitacional Lugano I y II, allí son 26 los transformadores con PCB.
La Defensoría señaló que el plan de eliminación gradual debe seguir un orden decreciente. La prioridad son las áreas más pobladas y los equipos que estén ubicados cerca de escuelas, hospitales y centros deportivos. El segundo parámetro es el nivel de concentración de PCB, pero la Ley de Presupuestos Mínimos si bien prohíbe todos los usos de PCB nada dice sobre las concentraciones por debajo de 50 partes por millón, de un nivel tóxico posible.
Brailovsky también recomendó un método sencillo para confeccionar un Registro Nacional de tenedores de PCB. Consiste en solicitar los listados de todos los clientes que compren media tensión -13 mil voltios- porque es probable que tengan transformadores que lleven la energía a 220 voltios. Esos son los aparatos que la Autoridad de Aplicación tendrá que revisar. De lo contrario, abriendo un registro donde los poseedores de transformadores con PCB se presenten voluntariamente existe la posibilidad que muchos nunca lo hagan y eliminen estos equipos con métodos no especializados y poco seguros. El único relevamiento hasta la fecha lo realizó el Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) con los PCBs en poder de EDENOR y EDESUR. Brailovsky y sus colaboradores contrastaron estos datos suministrados por el ENRE con los lugares más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires y las cifras fueron alarmantes. A julio de 2002 existían 14 centros de salud y 100 establecimientos educativos a cien metros o menos de los transformadores con PCB. No se sabe cuantos organismos públicos son tenedores de PCB y tampoco si existe este componente en los transformadores utilizados por las cadenas de supermercados. Un solo litro de PCB puro puede contaminar siete millones y medio de alimentos o bebidas y por los edificios estatales pasan miles de personas por día. Todo indica que ante la falta de un correcto Registro Nacional de propietarios estatales y privados de PCB la seguridad de la gente no será posible.
El defensor adjunto considera que "La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la eliminación de PCB es correcta, pero necesita de una cuidadosa reglamentación para ser operativa."
CAMILO ALSINA
BUENOS AIRES (Crónicas de la Ciudad Abierta)
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